Introducción a la Administración Electrónica en el ámbito local

En 1990, se iniciaron las primeras experiencias gubernamentales que buscaban ofrecer servicios superiores, los cuales se denominarán e-servicios, en el contexto de la e- Administración.

La OCDE define la Administración Electrónica como «el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones, especialmente Internet, como herramienta para mejorar la Administración (OCDE, 2003)…».

En este contexto, el procedimiento administrativo electrónico surge con el propósito de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y promover su participación en la gestión administrativa.

La proliferación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el sector público ha optimizado la implementación de un procedimiento que promueve la transparencia y la eficacia en la gestión pública (RINCÓN Y VERGARA 2017). En las últimas décadas, todos los gobiernos de los estados miembros de la OCDE han perseguido la modernización y reforma de la gestión pública.

En España, el año 2021 se desarrolló como Sede Ministerial el último grupo de expertos para el análisis y propuestas de reformas de la Administración Pública, con el objetivo de identificar iniciativas para innovar en su interior a corto y medio plazo; entre otras medidas, buscan consolidar en todos los niveles una auténtica y efectiva Administración Electrónica.

Como ninguna otra intervención pública, liderar este nuevo modelo requerirá un liderazgo

para establecer los nuevos sistemas y conceptos en una fase inicial y gestionar la transformación durante una segunda etapa. La Administración debe involucrarse plenamente en las nuevas tecnologías, y para ello, los expertos que participen en la implementación de los procesos deben poseer habilidades y conocimientos técnicos adecuados, junto con la colaboración necesaria entre el sector público y privado.

El objetivo es implementar procedimientos electrónicos que maximicen el uso de las innovaciones en Tecnologías de la Información y Comunicación.

A priori, el procedimiento administrativo electrónico parece no diferir esencialmente del tradicional, sino que automatiza las diversas fases, integrando la tecnología en ellas. La revolución que conlleva la Administración Electrónica aspira a trascender.

Concepto y evolución de la Administración Electrónica

Desde el inicio de la regulación normativa de la Administración Electrónica, se han establecido las bases para la transformación del sistema administrativo. La Orden APU/959/2003, de 11 de abril, que establece la imagen promocional de las actividades de Administración Electrónica, afirmaba hace casi dos décadas que «Hablar hoy de Administración Pública es hablar obligatoriamente de Administración Electrónica». La realidad de ese momento era significativamente diferente de la utopía reflejada en la normativa, ya que la interoperabilidad, las sedes electrónicas y la transmisión electrónica tanto interna como externa eran notoriamente inexistentes, a pesar de las afirmaciones del Ejecutivo en el texto que citamos. Aún en la actualidad presenta importantes deficiencias Deficiencias que obstaculizan la ambición en las afirmaciones, a pesar del tiempo transcurrido, que obstaculizan la ambición en las afirmaciones, a pesar del tiempo transcurrido.

La evolución legislativa comienza con una voluntariedad inicial y la inclusión de normas potestativas o meras recomendaciones durante los primeros años de la década de 2000. Se deberá esperar al año crucial para la Administración Electrónica: 2021, para que se establezca un modelo completamente electrónico en las interacciones entre los ciudadanos y la Administración, así como en las relaciones interadministrativas.

Actualmente, podemos afirmar que la Administración Electrónica se está consolidando, al menos en lo que respeta a los principios generales; Sin embargo, anticipamos que aún no lo hace de manera completa y en un sentido amplio. Esto se debe a las deficiencias en la auténtica interoperabilidad que caracterizan el modelo de procedimiento administrativo convencional en los diversos boletines oficiales, donde persisten publicaciones que requieren a los ciudadanos la presentación de una considerable cantidad de documentos, todos los cuales, indudablemente, están en posesión de la Administración, dado que ella misma los emite. Ejemplos paradigmáticos incluyen la exigencia de presentar una copia del Documento Nacional de Identidad, un título que acredita la formación universitaria y un certificado de empadronamiento, por ejemplo, en procedimientos llevados a cabo por la Administración central, autonómica o local. Las Instituciones de la Unión Europea (en adelante UE) han estado promoviendo el intercambio de información entre las Administraciones Públicas de los Estados miembros (AMUTIO 2006). No obstante, como mencionamos, continuamos observando diariamente incumplimientos perpetrados por las propias Administraciones en la redacción de bases, reglamentos, entre otros.

En la actualidad, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP), junto con su tardío desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 203/2021 de 30 de marzo, que aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (en adelante RAFME), constituyen el marco normativo fundamental que debe ser observado. Este marco, aunque no se aparta significativamente de la traducción original, implica una transformación hacia la automatización de los procesos mediante nuevas tecnologías, con un enfoque particular en la aplicación efectiva de la interoperabilidad. La evolución del procedimiento administrativo común, que se fundamenta en la norma de procedimiento de 1958, e incluso en la anterior de 1889; siempre enfocado en el formalismo de la tramitación y la salvaguarda de las garantías del administrado. la aplicación efectiva de la interoperabilidad.

El paradigma que facilita este progreso es, indudablemente, Internet. La intercomunicación entre espacios geográficamente distantes facilita la interacción entre ciudadanos y Administraciones, eliminando los costos asociados a los desplazamientos, tanto temporales como económicos. Esta es la verdadera revolución. La economía continúa siendo, en este aspecto, el fundamento de todo el proceso. Por Por tanto, es crucial implementar este modelo de manera íntegra en las diversas Administraciones Públicas, dado su rol como entidades al servicio de los ciudadanos.

Índice

1. Introducción a la Administración Electrónica en el Ámbito Local

1.1. Concepto y evolución de la Administración Electrónica
1.2. Importancia de la digitalización en los gobiernos locales
1.3. Marco general y objetivos de la Administración Electrónica

2. Normativa de Aplicación en la Administración Electrónica Local

2.1. Marco normativo nacional
- 2.1.1. Ley 39/2015 y Ley 40/2015, de 1 de octubre
  - 2.1.1.1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
  - 2.1.1.2. Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público
- 2.1.2. Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo
- 2.1.3. Reglamentos específicos en materia digital
2.2. Fundamentos operativos de las Administraciones Públicas en el marco de la reciente regulación electrónica
- 2.2.1. Proceso de transición desde los principios constitucionales convencionales hacia los principios de la Administración Electrónica
- 2.2.2. Especial énfasis en la interoperabilidad: un componente fundamental de una auténtica Gestión Electrónica
- 2.2.3. El Esquema Nacional de Seguridad y su impacto en los procesos administrativos
2.3. El Proceso administrativo en línea
- 2.3.1. Inicialización del procedimiento: acciones electrónicas iniciales y una especial atención al Registro Electrónico General.
- 2.3.2. Elaboración del procedimiento electrónico y sus correspondientes especialidades en relación con el sistema tradicional.
  - 2.3.2.1. El principio de «una única vez» se implementará dentro del procedimiento.
  - 2.3.2.2. Imperatividad en la simplificación de los procesos administrativos.
  - 2.3.2.3. Actuaciones Administrativas Automatizadas (AAA).
- 2.3.3. Notificación Electrónica y su práctica asociada.
- 2.3.4. El AEU y las dificultades a la preservación documental.

3. Conclusiones